Cambio de uso de suelo de un área verde

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parquequevedo05(Modificado por indicación de Verónica Fuentes, Jefa de Planificación y Proyectos de la Región del Maule).

Existe un número indeterminado de establecimientos en terrenos signados como “área verde” en todo el país. En un área verde no se pueden invertir dineros públicos más que para crear infraestructura con destino recreacional muy básica y, en general, no procede instalar ahí un jardín infantil u otro tipo de equipamiento comunitario. Si el jardín infantil o sala cuna ya está instalado en el lugar, se requiere una modificación al plan regulador para que el establecimiento quede emplazado acorde al uso de suelo permitido (en general, equipamiento y educación), pudiendo optar así a posibles inversiones y a su reconocimiento futuro.

Las áreas verdes son de dos clases: aquellas que, destinadas como tal, pertenecen a una persona natural o jurídica, pública o privada; y las que tienen la categoría de bienes nacionales de uso público.

Forman parte del primer grupo los parques que, por ejemplo, son donados a una municipalidad por particulares o una institución, y que, aun destinados al esparcimiento de todos, se encuentran inscritos en el conservador de bienes raíces respectivo (el Parque de Lota, la Quinta Vergara). En el segundo, nos encontramos con predios que se incorporan al plan regulador comunal al recibirse las obras de un loteo, junto con las calles y las aceras, y que, una vez verificado este trámite, pertenecen a todos los habitantes de la nación sin efectuarse inscripción alguna. Esta última es la regla general.

Si se trata de un área verde inscrita a nombre de un particular o una institución y lo que se quiere es construir en el lugar edificios de uso público o con destinos complementarios, puede ocuparse hasta un 20% del total de su superficie, siempre que no se haya materializado aún como tal. Así, el predio seguirá funcionando como área verde, pero con una construcción en su interior complementaria a ese fin (biblioteca, baños, anfiteatro, mirador) de no más de una quinta parte del total del paño, incluyendo vialidad y estacionamientos. En algunos casos se exigirán además en compensación otros terrenos que puedan suplir esa quinta parte “perdida” por la comunidad. Debe destacarse a este respecto que es discutible considerar un jardín infantil como “complementario” a un área verde y además que es muy poco probable encontrar un predio de esta clase “que no se haya materializado aún como tal”, esto es, que se encuentre en trámite de ser entregado a la comunidad de manos de su propietario. En las áreas verdes que son bienes nacionales de uso público, se autorizan edificaciones que van desde al 5% al 10% del total de superficie, dependiendo de si se ha materializado como tal o no. 

Para algo más es necesaria la desafectación del mismo; trámite que puede provenir de dos fuentes: como una modificación del plan regulador comunal motivada por la misma municipalidad (y que básicamente sigue el mismo procedimiento necesario para elaborar y aprobar uno), a fin de cambiar el destino del bien a “equipamiento comunitario” u otro similar, e inscribirlo en el conservador a nombre del SERVIU. El otro camino permite que sea el Ministerio de Bienes Nacionales quien, por razones fundadas y mediante decreto supremo, cambie el destino de un bien nacional de uso público, pues la ley le ha facultado para ello. Si el nuevo destino es distinto al del sector donde se encuentra el área verde, se requiere también modificar el plan regulador. Si todo prospera, el nuevo equipamiento, en este caso, se inscribe a nombre de este Ministerio y no del SERVIU.

Es un procedimiento de largo aliento y que requiere aunar muchas voluntades en distintas reparticiones (SERVIU, MINVU, Concejo Municipal, Gobierno Regional e incluso la autoridad ambiental). Las Direcciones Regionales, tal como lo señaló en su momento la Dirección de Operaciones, tienen a este respecto dos posibilidades: iniciar desde ya el procedimiento para cambiar el uso de suelo en los casos pertinentes y modificar el plan regulador, regularizando la situación; o comenzar a pensar en una reposición a fin de evitar el cierre del recinto donde ello no sea posible.

(Normas referidas al tema y jurisprudencia administrativa: Artículo 61 Ley General de Urbanismo y Construcciones; artículos 2.1.30 y 2.1.31 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; artículo 64 del Decreto Ley Nº 1939 de 1977 MBN, Dictamen Nº 51.062 de 1979, aclarado por Dictamen Nº35.266 de 1982, y Dictamen Nº 59.816 de 2006, todos de la Contraloría General de la República ).

 

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